Esta mañana hemos mantenido una reunión con la consultora (Ernst &Young) que está realizando los trabajos de verificación de las cantidades presupuestarias calculadas en su día por el Ministerio del Interior para cerrar el acuerdo con nosotros y las asociaciones profesionales de Guardia Civil para la equiparación salarial de ambos Cuerpos. Una labor, hay que recordarlo una vez más, que pusimos sobre la mesa en su momento como condición imprescindible para cerrar aquel acuerdo: la fiscalización de los datos de la Secretaria de Estado de Seguridad por un órgano externo, imparcial y objetivo que, en caso de detectar necesidades de presupuesto adicional, obligase a Interior a inyectarlo.
Los responsables del estudio han dejado muy claro en esta reunión, y nos vamos a mantener muy vigilantes con este aspecto, que su posición es de absoluta independencia, que no tienen vinculación alguna con el Ministerio del Interior y que el resultado de su trabajo será el que determinen criterios únicamente técnicos. Es una declaración de intenciones que, aún evidente, agradecemos y compartimos. Ni ellos tolerarían una injerencia de la Secretaría de Estado de Seguridad ni nosotros permitiríamos que eso ocurriera.
Tras una primera fase de análisis de datos, con las cifras correspondientes a 2017, momento de la firma del acuerdo, la consultora ha ultimado un cronograma de visitas a 8 plantillas de la Comunidad Madrid y otras 15 fuera de ella (Cataluña, País Vasco, Melilla, Sevilla y Escuela Nacional de Policía, entre otras) para conocer de cerca las singularidades concretas de algunos puestos de trabajo, incluidas especialidades, y las funciones que les diferencian de los de los Cuerpos autonómicos. Una vez cerrado el calendario, se nos remitirá a las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo que, además, podremos enviar a la consultora, directamente y sin intermediarios, nuestras aportaciones en ese y cualquier otro tema que tenga que ver con la verificación de datos económicos.
Los expertos de la consultora -han acudido cuatro, que han dejado claro que el trabajo es complejo pero que, aún así, están volcándose por la relevancia del mismo y sus consecuencias- nos han informado, además, de que el análisis comparativo de los puestos de trabajo no se está limitando a las funciones sino que también examina la formación (titulaciones, cursos de especialidad, niveles de complemento de destino, grupos de clasificación administrativa, etc.) de quienes los ejercen, de tal forma que el estudio no deje fuera ninguna variable.
De lo tratado en este encuentro previo a los que en su momento tendremos sobre los análisis preliminares podemos llevarnos ya una conclusión: la auditora está cumpliendo sus plazos y sus conclusiones serán muy importantes para el futuro. Este mecanismo de seguridad, que en su día impusimos en el acuerdo, es la mejor garantía de que la equiparación salarial se cumplirá y que, además, lo hará con el aval de objetividad de especialistas ajenos a la Administración.
Por otra parte, los sindicatos de Policía Nacional que firmamos con Interior el acuerdo de equiparación salarial creemos que es hora de poner en marcha la cláusula octava del documento, que obliga al Ministerio a impulsar “las medidas legislativas que sean necesarias para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre las Policías que realizan las mismas funciones”. Una previsión que creemos puede encontrar el apoyo del suficiente número de fuerzas parlamentarias y que, además, es la única garantía de que en el futuro no se repitan estas desigualdades.
Hacemos un llamamiento al PSOE -como partido en el Gobierno, la iniciativa debe ser liderada por su Ministerio del Interior- y al PP -como fuerza política que firmó con nosotros aquel acuerdo y que, por tanto, se debe sentir comprometida por esa solución- para que unan sus votos, a los que seguramente se sumarán los de Ciudadanos, y elaboren un texto jurídicamente más sólido que el que actualmente se analiza como iniciativa legislativa popular (ILP), que contiene algunos errores de orden menor. Por ejemplo, hablar de tres Policías Autonómicas en España, cuando son cuatro las que existen; citar competencias de estos Cuerpos olvidando que en sus Estatutos de Autonomía y Leyes específicas se recogen más que las que aparecen en la Ley Orgánica 2/1986, que incluye un bloque común pero no excluyente; no contemplar las labores de Policía Judicial; etc.
Esa iniciativa tiene, además, olvidos en el articulado, que sí afectarían a la equiparación salarial, al olvidar, por ejemplo:
– Las diferentes productividades (funcional, estructural, por objetivos).
– Tampoco se dice nada del Catálogo de Puestos de Trabajo, que incluye injusticias en los Complementos Específicos Singulares y Niveles de Complemento de Destino que deben ser resueltas cuanto antes para que no haya tantos tramos
– No se cita en ningún apartado el programa de Acción Social, que también es una cantidad de dinero que existe en otros Cuerpos y que permite recibir ayudar para las familias, estudios, cuidado de familiares, etc.
– O de la urgente necesidad de utilizar esta Ley para incluir en ella el reconocimiento de los compañeros de la Escala Básica como Grupo B de clasificación funcionarial.
Por ello, no sólo reclamamos la urgente activación de esta cláusula del acuerdo de equiparación salarial sino que pedimos a PSOE, PP y Ciudadanos que unan sus votos para sacar adelante ese proyecto normativo basado en un documento más completo y detallado que la ILP que ahora se debate en el Congreso, para no dejar flancos descubiertos en el futuro. Esta es una tarea que cuenta con el apoyo de todos y que exige ser puntillosos. Porque, precisamente, por esos descuidos pueden llegar en el futuro nuevas desigualdades que nadie queremos.
