Vivir democracia es sinónimo de opinar, de expresar impresiones sobre cualquier asunto, de difundir con libertad sin temor a consecuencias, pensamientos, ideas y reflexiones. Ese derecho, constitucionalmente consagrado, enriquece a nuestra sociedad, permite debatir y confrontar proyectos, convencer a los demás con argumentos, o ser convencido cuando uno descubre que otro lleva más razón. También admite la discrepancia, el disentir de lo que otras personas opinan, y que ambas partes mantengan una certeza razonable de respeto hacia sus postulados. Vivimos -convivimos, mejor dicho- en un equilibrio permanente de opiniones, ideas, propuestas y proyectos que, nos hacen más grandes a todos, reforzando una sociedad plural, diversa y apasionada, como es la española.
Esa visceralidad nos lleva muchas veces, a expresarnos con vehemencia, incluso con dureza, a la hora de manifestar un punto de vista sobre concreto. Pero de la misma manera que nuestra Carta Magna protege el derecho a la libertad de expresión, protege y garantiza otros también fundamentales como el honor, la intimidad personal y familiar, o el de la propia imagen. Y lo hace estableciéndolos como el límite a esa otra libertad, la de expresión, cuando se exceden ciertos umbrales.
NOS PREOCUPA GRAVEMENTE NUESTRA IMAGEN CORPORATIVA
Fruto de las convulsas circunstancias que nuestro colectivo ha padecido en los últimos tiempos, y alentado por diferentes factores -internos y externos-, por primera vez, el debate sobre legítima aspiración de cobrar el mismo sueldo que otros funcionarios que realizan la gratificante tarea de ser garantes de la seguridad pública, se ha situado en el lugar que corresponde; en una mesa de negociación entre la Administración y los representantes de los trabajadores. La equiparación salarial es una aspiración legítima, justa y necesaria. Nadie puede cuestionarlo porque parte de una esencia lógica: no es de recibo cobrar menos en una nómina por realizar el mismo trabajo y, además, cuando menos con el mismo éxito que otros Cuerpos de seguridad.
Pero la Constitución que juramos proteger y defender al convertirnos en policías, decidió -porque así lo consensuaron los ciudadanos y refrendaron con su voto- que el ejercicio de los derechos de sindicación (y, con ellos, el uso de los medios de acción sindical) fuese encomendado a organizaciones constituidas por los propios trabajadores. Por ello, desde el inicio de las negociaciones con el Ministerio del Interior para alcanzar la equiparación salarial hemos apostado por un principio básico en cualquier proceso similar; la unidad.
Esta fortalece a quienes acuden a la mesa de negociación -obligados y legitimados por mandato legal, porque así lo exige la norma-, potencia los argumentos, y traslada al Gobierno y a la sociedad que todo un colectivo, el de policías nacionales y guardias civiles, se cohesionan en torno a la aspiración de igualdad salarial. Se han dejado atrás discrepancias y diferencias y, por primera vez en muchos años, se ha construido una unidad de acción cohesionada, que trabaja como un solo ente, en la lucha por la equiparación y en muchos otros temas, sumando sus fuerzas a las nuestras, las asociaciones profesionales de Guardia Civil.
Sin embargo, desde hace un tiempo, los sindicatos (y sólo los sindicatos) de Policía Nacional estamos recibiendo críticas por la forma de llevar a cabo la negociación de la equiparación salarial con el Ministerio del Interior. Es algo normal y lícito. Ha ocurrido y ocurrirá siempre. Lo que deja de ser normal es que esas críticas sean espoleadas e impulsadas de forma coordinada y organizada, bajo una estrategia de descrédito y señalamiento públicos.
FIRMEZA, COMPROMISO, LEALTAD Y REALISMO
Detrás de las siglas de un sindicato, hay muchísimas personas. Quienes los integramos no somos perfectos, somos compañeros, policías, y como tal, erramos igual que cualquiera en otro orden de la vida. De igual modo reconocemos errores pasados -ajenos la mayoría a las actuales ejecutivas sindicales, pero que asumimos como propios y corregimos en cuanto es posible-, los cuales en este momento son el combustible perfecto para quienes, al amparo de la tensión generada por esta negociación y el abandono de la Administración a nuestro colectivo durante años, tratan de ventilar cuitas personales, o simplemente agitan el árbol para ser ellos quienes recojan los frutos, en forma de altas sindicales.
En estos momentos, muchos colectivos necesitan mejoras económicas (funcionarios, pensionistas, trabajadores y autónomos, etc.) y están exigiendo sentir los efectos de la superación de la crisis en sus vidas. Negociar con el Gobierno es, de por sí, difícil, pero lo es mucho más cuando se sufren ataques que, pese a no responderlos, sabemos quién los insta y que persiguen. Se ha intentado una y otra vez romper la unidad de acción que mantenemos con asociaciones de Guardia Civil, a través de una estrategia basada en el ataque selectivo, sólo a nuestras siglas, pese a que todas las circulares que emitimos y nuestros posicionamientos, son consensuados y compartidos con los guardias civiles. Y, cuando se han dado cuenta de que esa estrategia no va a funcionar, se ha redoblado la presión selectiva contra los sindicatos.
La mentira, la desinformación y la viralidad de redes sociales, y chats de whatsapp, se utilizan indiscriminadamente con el fin de tratar de asentar en la conciencia colectiva una imagen de descrédito general y debilitar nuestra posición de negociadores y representantes. Se recurre a todo y todo vale. Más y mejor, si es falso, porque entre otras cosas resulta tan sencillo y rápido, como reenviar un mensaje, un tweet, o un ‘meme’.
“DIFAMA, QUE ALGO QUEDA”
La estrategia ha llegado tan lejos que, el sondeo a los afiliados (y, una vez más, aunque se quiera ocultar, a los de las asociaciones de Guardia Civil) para conocer su postura ante la última propuesta de equiparación salarial del Ministerio del Interior ha provocado, sin haber firmado ni un solo papel y por el mero hecho de explicar en qué consiste, un regreso a ataques que superan con mucho el límite de la libertad de expresión, y se adentran de lleno en el insulto, la amenaza y la coacción, casi siempre desde ese anonimato que ofrecen las redes sociales.
La reacción de Jusapol que, en plena negociación, busca un ‘todo o nada’ como jugada final muy peligrosa, orienta ahora todo su esfuerzo en atacar a los negociadores en lugar de a la Administración. Emplea el tiempo en buscar la división en lugar de trabajar por la cohesión, en establecer qué se debe opinar, qué se debe negociar, qué se debe aceptar, qué se debe tuitear, qué se debe criticar, qué se debe votar, pero no en simplemente informar. Se piden bajas sindicales y cuando se hace pública la cifra de afiliados (el 83,5% de los policías nacionales están en alguno de los cinco sindicatos) se redoblan los esfuerzos de esta campaña, no orientándolos a presionar al Gobierno, sino a acabar con proyectos que nacen de compañeros, defienden compañeros, y que sin olvidarse de la legitimidad que otorgan las elecciones sindicales, se merecen como mínimo el mismo respeto Jusapol.
El último paso ha sido acoger en los actos organizados por esta asociación la quema de carnés de sindicatos con las imágenes sus titulares, policías nacionales. Manifestarse, incluso, frente a las sedes nacionales, realizar escraches, todo ello bajo un clima de tensión, insultos graves y fomento de injurias y calumnias. ¿A qué intereses obedece que se abra paso en este Cuerpo una estrategia de división y confrontación? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué se ataca más a quienes negocian con la Administración que a aquélla? ¿Qué está pasando para que el odio se inocule y se califique a quien piensa diferente como «traidor, pesebrero, vendido, sinvergüenza, apoltronado» y otros calificativos más gruesos que circulan por todas las redes sociales?
ACCIONES LEGALES
Jusapol tiene derecho a usar las redes sociales o los canales que estime oportunos para intentar lanzar a los policías contra los sindicatos. A torpedear por tierra, mar, y aire la unidad de acción con las asociaciones de Guardia Civil. A imponer su mensaje único, teledirigido, uniformizador y hegemónico que trace la peligrosa línea del ‘o conmigo o contra mí’. Tiene derecho a tratar de acabar con las asociaciones sindicales, y a erigir su movimiento como libertador y único actor moralmente legitimado para liderar los derechos de los trabajadores de la seguridad pública, provocando con ello reacciones, muchas de ellas poco meditadas y muy arriesgadas, sobre todo en redes sociales en las que, como siempre recordamos en nuestra profesión, existe la impunidad.
Pero la quema de carnés sindicales e imágenes de policías nacionales, de COMPAÑEROS, en actos públicos, la emisión de mensajes que acaban generando campañas de acoso y señalamiento, el insulto y las amenazas, y la convocatoria de actos más propios de otras épocas y latitudes, ni puede ni debe quedar impune.
En los sindicatos han trabajado muchos compañeros -y lo siguen haciendo-. Su único objetivo es defender a los policías, asesorarles, informarles, formarles, apoyarles en sus inseguridades o desvelos laborales, y, por respeto a ellos, a sus delegados, a su labor y a nuestra propia corporación, ha llegado el momento de poner fin a situaciones muy graves.
Sabemos que esta Circular provocará una nueva campaña de mensajes agresivos y de peticiones de bajas. Qué dirán que se les está tratando de callar, o que el aparato del estado ha desplegado toda su artillería en su contra. Que nuevamente se reunirán y, asesorados por quienes sólo buscan la ruptura interna de este Cuerpo al servicio de intereses ajenos, tratarán de lanzar a unos policías contra otros. Contamos con eso, porque lo hacen todos los días. Contamos con esa reacción, y conque en algún despacho oficial, alguien estará frotándose las manos al ver una división así entre quienes deberíamos estar unidos.
Pero la injuria, la calumnia y la difamación, el insulto e incluso la persecución, ni pueden ni deben seguir abriéndose paso en una institución de policías. Los dirigentes de Jusapol, y nadie más, tienen una responsabilidad directa y colegiada a la hora de evitar mensajes y ataques como los descritos, porque también son policías y tienen la obligación de conocer, como nosotros, el Código Penal.
LA OFERTA DE INTERIOR
La propuesta del Ministerio de Interior de mejora media de 561 euros brutos mensuales de nuestro sueldo en estos tres años (empezando en 2018, con efectos retroactivos al 1 de enero) se puede considerar insuficiente. Se puede incluso -y en ello continuamos- defender seguir luchando para mejorarla, pese al riesgo que ya hayan comenzado las demandas y movilizaciones de otros colectivos. O mas allá todavía, se puede opinar que es buena, que es mejor ‘coger’ esto, y acto seguido continuar peleando para mejorar nuestra situación. Todo es admisible.
El lunes, a las 09:00 horas, se abre el plazo para que los sindicatos conozcamos la opinión de nuestros afiliados (conjuntamente con la de los compañeros de Guardia Civil) y el jueves demos una respuesta a Interior. Haremos lo que la mayoría diga. Por tanto, aconsejamos leer, informarse, valorar y meditar. Y con todo ello, construir una opinión personal, ajena a presiones y mensajes impuestos.
Piensa por ti y vota en conciencia, compañero/a.
